Un grave retroceso en la libertad.
Javier Milei pasó de las agresiones a los periodistas a restringir una importante conquista de la sociedad argentina; no hay remedio: el secretismo y la oscuridad informativa del kirchnerismo son contagiosos
Autor: Joaquín Morales Solá en La Nacion - 04/09/2024
Pasó de las palabras a los hechos. De las insistentes ofensas verbales a la firma de un decreto restrictivo de la libertad. Avanzó de llamarles “ensobrados” a todos los periodistas, que no sean desde ya fanáticos seguidores suyos, a recortarles a tales “esbirros” el derecho de acceder a una parte significativa de la información pública. Digámoslo de una buena vez: Javier Milei tiene un discurso peligrosamente violento con los periodistas, pero no solo con los periodistas, que pone en riesgo la paz social, cuya preservación es la primera obligación de un presidente. A ese mandatario que ya conocíamos, se le agregó el lunes el jefe del Estado capaz de firmar un decreto inconstitucional que limita los alcances de la ley de acceso a la información pública. Es inconstitucional por el simple hecho de que un decreto no puede restringir los márgenes establecidos por una ley. Esa ley de acceso a la información sirvió para que el periodismo conociera –o confirmara– información valiosa sobre la corrupción política o sobre el trasiego de personas por los edificios que ocupan los presidentes. Sin esa ley, la sociedad no hubiera podido conocer nunca el listado de personas que ingresaron a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández ni, por lo tanto, la cantidad de supuestas “novias” del entonces primer mandatario.
Es cierto que los periodistas más experimentados en la investigación (Hugo Alconada Mon o Diego Cabot, para citar solo dos casos) tienen fuentes suficientes como para arreglárselas sin esa ley, pero también es verdadero que aún a ellos la ley les sirve como respaldo de la información que consiguen por su propia cuenta. Milei introdujo, por un mero decreto, fundamentalmente dos modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Por un lado, redefine lo que es información pública y señala que no lo es la vida privada de los gobernantes. Milei está ofuscado –cuándo no– porque un periodista pidió conocer, haciendo uso de la ley de acceso a la información, los gastos de recursos estatales que significó la construcción de caniles en Olivos para los perros del Presidente. Puede ser que él considere a esos detalles una información “doméstica” relevante, como la llamó, pero un episodio aislado no debería significar una regresión para una importante conquista de la sociedad argentina, como fue aquella ley de acceso a la información. Los periodistas no trabajan para comentar entre amigos en el café de la esquina la información que consiguen, sino para publicarla y llevarla al conocimiento público. Además, no son solo los periodistas los que pueden hacer uso de esa ley; cualquier argentino, sin ni siquiera acreditar las razones ni contar con un abogado, puede reclamar información sobre los actos del Estado.
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