La industria tabacalera: batallas legales, internas políticas y el rol del “Señor Tabaco” y el juez Lijo.
Sus jugadores de peso se cruzan en la Justicia y se acusan mutuamente de influenciar al Congreso para la regulación de impuestos. La eliminación del capítulo tabacalero de la ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso reavivó las internas de una industria marcada por mutuas acusaciones de lobby entre sus jugadores más pesados, en la que se cruzan los intereses de la política y que tiene, incluso, derivaciones judiciales que incluyen al juez federal postulado por el gobierno para la Corte Suprema, Ariel Lijo.
Autor: Candela Ini LA NACION - 12/04/2024
Son tres los jugadores de peso en el mercado local y que concentran casi el 90% del negocio: Massalin Particulares (filial de Phillip Morris Argentina), Tabacalera Sarandí (del empresario Pablo Otero), y British American Tobacco (ex-Nobleza Piccardo). La disputa principal se da entre Massalin Particulares y Sarandí, aunque esta última es señalada por la totalidad de las empresas del sector tabacalero por la desigualdad de condiciones tributarias que le permitieron crecer de manera exponencial.
La venta de cigarrillos tiene una presión tributaria que ronda el 80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos: el Fondo de Asistencia Social (FAS), el Fondo Especial del Tabaco (FET), los impuestos internos, el IVA e Ingresos Brutos, cuya recaudación alcanza, según fuentes del sector, los $650.000 millones anuales, que se distribuyen entre el Tesoro Nacional, los gobiernos provinciales, las provincias tabacaleras y la Anses.
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