El riesgoso juego de apostar al límite.

Javier Milei saluda a un grupo de seguidores a la salida del hotel Libertador LA NACION/Fabian Marelli

Milei tensó al máximo a todo el sistema político para aprobar la ley ómnibus y lo dejó en una frágil situación; la amenaza del veto y el alerta de los opositores cercanos al Gobierno

Autor: Jorge Liotti LA NACION - 04/02/2024


La semana empezó a descomponerse desde el inicio. La reunión del lunes a la noche en el CFI entre gobernadores y legisladores cooperativos con la Casa Rosada, a la que después se sumó Guillermo Francos, fue una muestra de la profunda fragilidad del momento. Allí se terminó de abrir una rajadura que atravesó todo el debate de la ley ómnibus y que dejó en sombras el futuro funcionamiento de todo el sistema político.

El encuentro había sido motorizado por los referentes de Juntos por el Cambio, a partir de la preocupación de los mandatarios provinciales por el efecto que podía tener sobre sus recursos las emergencias y las facultades delegadas que están en el proyecto, así como el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según la definición de uno de ellos, era una reunión “defensiva”. Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, dos de los más activos, sumaron al cordobés Martín Llaryora, para potenciar las demandas de la zona centro. Y de allí se plegaron Catamarca y Tucumán, aunque sin la presencia de sus gobernadores.

En la previa del encuentro, el intercambio entre ellos ardió. Todo a través del chat que tienen en común, que pasó a llamarse “23 gobernadores y un jefe de Gobierno”, después de que Axel Kicillof cuestionara el nombre anterior, “24 gobernadores”, por considerar que Jorge Macri no estaba en la misma categoría. En esos diálogos virtuales se generó una dinámica curiosa: empezaron tibiamente a hablar de la posibilidad de presionar para que el impuesto PAIS fuera restituido en el proyecto y coparticipado, y cuando llegaron al CFI ya se estaban repartiendo el dinero por anticipado. “Al principio del día algunos plantearon que podíamos discutir el tema porque hay un 30% de ese impuesto que va a las provincias, pero a través de cooperativas y movimientos sociales. Pero después nos empezamos a entusiasmar y hacer cuentas, para que de ese 30%, 25 fuera administrado por los gobernadores y 5 por los movimientos. De pronto lo dimos por hecho”, admitió uno de los mandatarios allí presente.


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