Fideicomisos: la caja millonaria de la política que ningún ministro se atreve a tocar.
Creados en los 90, los fondos fiduciarios públicos manejan recursos por alrededor del 2% del PBI y no siempre están debidamente auditados A cada ministro de Economía que llega le pasa lo mismo: mira las cuentas, se sorprende con esa caja oculta y millonaria del Estado, se ilusiona con usarla para los objetivos más loables, promete incluso transparentarla y, finalmente, por algún motivo, sin explicaciones, abandona la idea.
Autor: Francisco Olivera LA NACION - 25/12/2023
Los últimos fueron Silvina Batakis y Sergio Massa. “Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas”, había anunciado Batakis. Pero los fondos fiduciarios públicos siguen ahí, intactos, algunos con casi 30 años de existencia, y engrosando el gasto: según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, manejan recursos por alrededor del 2% del PBI.
La magnitud impacta porque la Argentina está en medio de un ajuste y estos instrumentos quedaron afuera del decreto del Gobierno. Si, como hizo el ministro Luis Caputo hace dos domingos, el producto se calcula sobre 500.000 millones de dólares, la cifra representaría unos 10.000 millones.
Dependerá, en todo caso, de cómo se calcule el producto. Es cierto que muchas de las atribuciones de estos fondos, que nacieron en 1994 como instrumento de la ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, corresponden en realidad a funciones que de todos modos debería asumir el Estado, por lo que no conviene hacer cuentas apresuradas: no todo es susceptible de ahorro.
El subsidio a los colectivos o a los consumos de gas en zonas apartadas, por ejemplo, podría hacerse desde la Secretaría de Hacienda y no directamente, como ocurre desde hace casi 20 años. Pero, en todo caso, sí valdría la pena detenerse en por qué los sucesivos gobiernos han decidido utilizar y hasta abusar de este mecanismo que está lejos de cumplir con los requisitos de transparencia de partidas que, se sabe, en muchos casos no queda claro ni dónde terminan ni si se emplean correctamente porque pasan por fuera de los controles clásicos de la Administración Pública Nacional.
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