"Dólar soja 3": no es lo que hace falta.

Cualquiera sea el resultado económico, el Estado sigue capturando un tercio de la cosecha.

Es necesario tender un puente financiero para recomponer capital de trabajo y la mejor forma de hacerlo es eliminar las retenciones, para que quede en el sector la mayor parte del producido.

Autor: Héctor Huergo Editor de Clarín Rural - 01/04/2023


El primer corolario del anuncio de la implementación del “dólar soja 3”, realizado esta semana por el ministro Sergio Massa desde Washington, está muy lejos de atender la cuestión de fondo. Es simplemente un mecanismo para lograr la venta anticipada de la magra cosecha de la campaña, signada por una sequía histórica.

Al cierre de esta edición de Clarín Rural faltaban los detalles de la medida, pero todo indica que estará en marcha por 30 días, durante el mes de abril, que empieza este sábado. Se estima que implicará una suba del dólar al nivel de los 300 pesos, recortando a la mitad la brecha entre el dólar oficial con el dólar libre. Es una mejora sustancial, pero desnuda el dislate de la política cambiaria.

Hay una cuestión sobre la que conviene profundizar. La brecha cambiaria es uno de los grandes problemas macroeconómicos de la Argentina. Pero tiene una particularidad: no discrimina en contra de ningún sector, teóricamente, aunque es inevitable que en este juego haya hijos y entenados. En cambio, los derechos de exportación son gabelas específicas para el sector agropecuario y agroindustrial. Su razón de ser es la competitividad diferencial de estas cadenas, ligada a la facilidad de cobranza.

“Te espero en el puerto”, es la máxima de la Aduana. Para permitir un embarque, primero hay que pasar por caja. Bueno, con la decisión del dólar soja 3, lo que cambia es el tipo de cambio, pero los derechos de exportación se mantienen. Conceptualmente es un disparate. Y sobre todo en un año en el que el quebranto es fenomenal. Cualquiera sea el resultado económico, el Estado sigue capturando un tercio de la cosecha.

Si rigiera un impuesto globalmente aceptado, y parejo para toda la economía, como el impuesto a las ganancias, este año el Estado debería resignarse a no recaudar de un sector que no tuvo margen positivo. No solo porque es justo, sino porque es una manera de asegurar el flujo futuro. Sostener retenciones del 33% en este contexto es exactamente lo opuesto a lo que hay que hacer. Es necesario tender un puente financiero para recomponer capital de trabajo. La mejor forma de hacerlo es permitir que quede en el sector la mayor parte del producido.

En la misma dirección, deberían corregirse todas las políticas vinculadas con la ecuación productiva. Hemos dicho más de una vez que los derechos de exportación alteran la relación insumo/producto: hacen falta más unidades de producto para adquirir una unidad de tecnología. La consecuencia es menor uso de tecnología. Por ejemplo, fertilizantes.

Pero esta misma semana el Gobierno decidió encarecer los fertilizantes, aplicando una carga impositiva adicional. Es un nuevo torniquete, que afectará más a los cultivos que demandan más tecnología, como el maíz y el trigo. Ambas mantienen retenciones altas (12%), y ahora se suma el inexorable encarecimiento de los fertilizantes, pues los importadores trasladarán estos mayores costos a los productores. Consecuencia: menos uso de abonos, lo que deriva en menor producción y menor calidad. Justo lo contrario de lo que se requiere para una rápida reconstrucción del aparato productivo.

En este contexto, es muy importante que los gobernadores (peronistas) de las provincias de la Región Centro, hayan salido con un documento reclamando el fin de las retenciones. No había ocurrido hasta ahora, así que estamos frente a un hecho novedoso. Es que los derechos de exportación no son coparticipables, a diferencia del impuesto a las ganancias.

Al reclamo del fin de las retenciones, la mayor parte de los políticos y economistas reaccionan sosteniendo que esto significaría desfinanciar al Estado. En el largo plazo, existen mecanismos que permitirían compatibilizar las necesidades fiscales con el objetivo de expandir la producción, como están haciendo los países vecinos con similar estructura productiva basada en la agroindustria.