Ideas para restablecer el ciclo productivo.
El Estado tiene que acudir en auxilio del agro, que aportó 175 millones de dólares en los últimos veinte años, solo por retenciones.
Autor: Héctor Huergo Editor de Clarín Rural - 18/03/2023
Las cartas están echadas. Por la sequía, se perdieron 50 millones de toneladas, por un valor de al menos 20 mil millones de dólares. Es exactamente la mitad de lo que los exportadores agroindustriales ingresaron el año pasado. Ya en febrero se empezó a sentir fuerte. La liquidación de dólares del mes fue de 644.9 millones de dólares; representando una caída del 74% en relación al mismo mes del año 2022, y un 30,5 % menos que en enero de 2023.
La debacle obliga a actuar en todos los frentes. No solo en el macroeconómico. El ministro de Economía, Sergio Massa, logró que le otorgaran un puente de 5.200 millones de dólares que ya está llegando. Pero ahora la cuestión es restablecer el ciclo productivo, para lo cual hay que echar mano a medidas drásticas.
Se decía que la conducción económica intentaría un “dólar soja 3”, mejorando el tipo de cambio para que los productores largasen rápidamente la cosecha del 2023. Ahora el objetivo debiera ser otro. No ya aspirar a que el agro, con la soja como mascarón de proa, acuda en auxilio del Estado. Ahora es el Estado quien tiene que acudir en auxilio del agro. Que tiene un crédito grande a favor: 175 millones de dólares que puso en los últimos veinte años, solo por retenciones.
Si faltan 20 mil millones de dólares, la rueda no puede seguir girando. Ese es el monto que hace falta para sembrar la próxima campaña, que se inicia ahora con el trigo. Lo primero que hay que hacer es olvidarse de las retenciones. Hace falta compensar la caída de la producción, con una mejora del precio que percibirá el productor.
Veamos el impacto que tendría esta decisión. Se cosecharán 25 millones de toneladas de soja. A los precios actuales, de 500 dólares la tonelada, son apenas 7500 millones de dólares. Un tercio se escurriría por derechos de exportación. Son 2.500 millones de dólares.
En el caso del maíz, con retenciones del 12%, una cosecha de 30 millones de toneladas, quedarían para exportar unas 15. El Estado capturaría 1,8, que al precio actual de 300 dólares, significarían unos 500 millones. Y el trigo ya fue.
En síntesis, de mantenerse las alícuotas actuales, por todo concepto el gobierno podría succionarle al campo “apenas” 3.000 millones de dólares. Es un montón de plata a la hora de mantener el circuito agrícola. Pero es la nada misma frente a la macro en su conjunto.
Es entonces un momento excepcional para terminar con el flagelo de este impuesto.
Para quienes piensan que esto es un panfleto, y que es impensable desfinanciar al Estado en esta coyuntura, insisto con una idea que se ha volcado varias veces en estas columnas. Hay una fórmula para salir del laberinto. Una manera indirecta de arrimar fondos es, simplemente, no extraerlos.
Hoy, cuando el exportador quiere un permiso de embarque, va a la Aduana y deposita el monto de los derechos de exportación. La Aduana le extiende un recibo. Clink caja. Y el exportador puede embarcar. Es el facilismo recaudatorio de los derechos de exportación la principal razón de su vigencia.
La propuesta es que, en lugar de darle el recibo, el exportador reciba bonos por el monto que paga. Por ejemplo, por el 35% de la soja. El exportador se da vuelta y le paga al productor el 65% en pesos (como ahora con la soja) y el otro 35% con estos bonos. Que tienen vida propia, pero que podrían servir para “políticas activas”, que tanto le gustan a nuestros planificadores. Bien orientadas (porque hay buenos funcionarios) podrían destinarse a, por ejemplo, la compra de parte de los insumos necesarios para volver a sembrar, interactuando con la banca pública y privada. O bienes de capital como equipos de riego, que se han revelado como una cuestión de enorme interés. O cualquier inversión en valor agregado, acelerando la tendencia de muchos que están poniendo pisos nuevos en sus explotaciones.
Un mecanismo como el propuesto implica una suerte de “precio lleno” y un ahorro forzoso. Ya sé: ningún productor tiene ganas de seguir financiando al Estado. Yo tampoco. Pero esto es mejor que la exacción sin anestesia.
