Veinte propuestas para una agenda federal.
Desde hace tiempo insisto en la necesidad de una agenda federal, regional y municipal para el país. Y ahora, cuando la descentralización del poder ha demostrado su eficacia en la lucha contra el Covid19, aquí como en otras latitudes, urge reflexionar sobre el futuro.
Autor: Antonio María Hernández en Clarin - 09/06/2021
Las propuestas:
1. Cumplir los principios del sistema republicano y federal de la Constitución Nacional.
2. Terminar con el hiperpresidencialismo.
3. Fortalecer el rol federal del Congreso de la Nación y del Senado en particular.
4. Reafirmar el rol de la Corte Suprema de Justicia como garante del federalismo.
5. Promover un nuevo ordenamiento territorial del país que modifique la enorme concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires.
6. Sancionar la Ley Convenio de Coparticipación impositiva, de conformidad a los principios constitucionales.
7. Respetar los principios federales en la sanción anual de los presupuestos.
8. Federalizar el Banco Central.
9. Afianzar el federalismo de coordinación o concertación mediante un mejor ejercicio de relaciones interjurisdiccionales. Creación de una Asociación o Conferencia Nacional de Gobernadores.
10. Realizar una planificación federal para el desarrollo del país, con participación de los distintos niveles estatales.
11. Promover las regiones para el desarrollo económico y social.
12. Impulsar el nuevo rol de regiones, provincias y municipios en los procesos de integración nacional y supranacional.
13. Fortalecer las autonomías provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios.
14. Modificar o derogar la legislación centralista vigente y las políticas respectivas.
15. Federalizar la educación.
16. Ejercer un federalismo de concertación para la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales.
17. Federalizar los servicios públicos de competencia nacional.
18. Afianzar los principios federales en la doctrina y organización de los partidos políticos.
19. Descentralizar e integrar el país en otros aspectos (infraestructura, transporte, comunicaciones y otros) y
20. Trasladar la Capital Federal.
Por la máxima urgencia que la cuestión tiene, priorizo una de ellas: no se puede demorar más la sanción de la ley de coparticipación impositiva, que tiene casi 24 años de demora, pues tuvo que sancionarse al 31 de diciembre de 1996.
Las normas y parches transitorios que no resolvieron ni resuelven los problemas de fondo, han consolidado un unitarismo fiscal, ya que más del 80 % de los ingresos están en manos del Gobierno Federal, con dependencia de los otros órdenes gubernamentales.
Es lamentable que se siga profundizando la anomia en esta materia fundamental. Hay que resolver esta cuestión cumpliendo la Constitución Nacional, en su Art. 75 incs. 2, que fija responsabilidades al Presidente, a los Gobernadores, al Congreso y a las Legislaturas.
La integridad de la masa coparticipable debe restablecerse de acuerdo con dicha norma, para lo cual es menester derogar o modificar gran parte de las asignaciones específicas hoy vigentes, que la han disminuido, como lo ordenó la Corte Suprema en 2015 por los reclamos de San Luis, Santa Fé y Córdoba.
Luego hay que fijar la distribución primaria y secundaria con base en los criterios constitucionales. En este sentido, resulta decisivo analizar las competencias, servicios y funciones del Gobierno Federal, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que estos últimos niveles gubernamentales, además de los Municipios, son los que tienen mayores responsabilidades al respecto, comenzando por la salud, educación, seguridad y Justicia.
Un mayor reconocimiento de la participación de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires –que necesariamente debe repercutir después en la coparticipación a los Municipios–, hará relativamente más sencilla la discusión posterior sobre la distribución secundaria entre ellas y los gobiernos municipales.
Lo que he denominado “el triunfo del proyecto centralista” ha dado como resultado un país de enormes diferencias y desequilibrios, según los índices de desarrollo humano, de producto bruto o de ingreso per cápita, que es imperioso modificar. Estamos entre los países más asimétricos del mundo.
Los criterios de solidaridad exigidos por la Constitución deben respetarse, para “el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Hay ejemplos notables al respecto en otras federaciones como la canadiense, la australiana o la alemana.
Por cierto que es muy importante además el mejor ejercicio de sus respectivas potestades tributarias por parte de los diversos órdenes gubernamentales.
Para este debate complejo y decisivo, es imprescindible el ejercicio de una verdadera política arquitectónica que supere antagonismos partidarios, fortalezca relaciones interjurisdiccionales y posibilite un desarrollo equilibrado del país. Contamos para ello con especialistas e importantes estudios interdisciplinarios.
Así como se pudo lograr la sanción por el Congreso de leyes consensuadas de coparticipación como las 14.788 de 1959 y 23.548 de 1988, que significaron un notorio avance en las presidencias de Frondizi y Alfonsín, ahora puede hacerse lo propio, para la existencia de verdaderas finanzas federales.
En cuanto a la agenda regional, el Art. 124 de la Constitución Nacional prevé las regiones como instituciones para el desarrollo económico y social y la integración nacional.
El mapa regional cuenta con las ya constituidas del gran Norte Argentino, Patagonia, Nuevo Cuyo y Centro, pero no se aprecia una consolidación del proceso. Pero es muy grave la falta de inserción de la Provincia de Buenos Aires y de la CABA. Y que no funcionen adecuadas instituciones del Area Metropolitana de Buenos Aires, por su especial problemática.
Con el fortalecimiento y desarrollo de las regiones, se desalentará el proceso de migración interna, que tanto nos ha perjudicado por el enorme desequilibrio producido por dicha Area, como lo anticiparon Sarmiento y especialmente Alem y lo desarrollaron Martínez Estrada y Luna, entre otros.
Debemos concretar proyectos estratégicos como los de los corredores bioceánicos, con los respectivos pasos cordilleranos, para la salida a los puertos del Pacífico.
En la agenda municipal, hay que poner énfasis en la consolidación de la autonomía local, que es la base de la República democrática y federal. Ya mismo deben producirse las reformas constitucionales en las Provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fé, que no se adecuan al mandato del Art. 123. Y avanzar en la sanción de Cartas Orgánicas Municipales en otras Provincias, además de efectivizar la autonomía en los aspectos fiscales, administrativos y económicos.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires la reforma requiere además una efectiva descentralización democrática, ya que no deben existir sólo 135 gobiernos locales, para casi 17 millones de habitantes.
Antonio María Hernández es profesor Titular Plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la UNC, Profesor Honorario de la UBA, Director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y Convencional Constituyente de la Nación en 1994.
