Discurso apertura Congreso Maizar 2019.
Hace un año abrimos este congreso mientras contábamos las enormes pérdidas que había provocado la mayor sequía en más de medio siglo. En medio de ese escenario triste, llamaba la atención que, si bien los rendimientos eran los más bajos de las últimas cinco campañas, superaban en promedio los de las sequías previas (2008/09 y 2011/12). No era casual: más de la mitad de los productores estaban utilizando la tecnología más avanzada.
Autor: Alberto Morelli presidente de Maizar - 29/05/2019
Un año después, el panorama es radicalmente distinto: con más de 48 millones de toneladas previstas de maíz comercial, estamos en presencia de la mayor cosecha de maíz de la historia argentina.
Y si en la campaña previa la inversión en tecnología había ayudado a mitigar las pérdidas, en esta logró expresar el enorme potencial de rendimiento, con una productividad promedio récord.
Esto nos estimula a trabajar fuertemente en la exportación, tanto de maíz como de los productos que le siguen en la cadena de valor, así como en aumentar el procesamiento interno. Exportar e industrializar no conforman una antítesis, sino que van de la mano. De allí que el lema de este Congreso sea El despegue internacional.
En este momento en que la Argentina decide integrarse al mundo nos topamos con que los grandes centros de consumo tienen políticas proteccionistas. Desde Maizar, destacamos el trabajo que viene realizando el Gobierno nacional para la apertura de mercados y apoyamos que se siga en esta dirección. La reciente habilitación del mercado chino a la carne porcina argentina es un ejemplo en ese sentido: es exportar maíz convertido en proteína animal, es decir, con más valor agregado. Cabe resaltar el buen trabajo que viene haciendo el SENASA, gracias al que China le ha concedido la potestad de definir qué frigoríficos están en condiciones de exportar a su país cumpliendo con las reglas y protocolos acordados.
A este esfuerzo público, debemos acompañarlo con un fuerte compromiso del sector privado, tal como ocurre en los países competidores. Tendrá que analizarse la conveniencia de crear una organización público–privada, sin fines de lucro, que permita tener agentes permanentes en los principales destinos de nuestras exportaciones agroalimentarias, para que desarrollen nuevos mercados. De esta forma, con la sinergia de ambos sectores, podremos impulsar activamente nuestros productos hacia un mundo con crecientes requisitos de calidad e inocuidad.
Queremos destacar el acuerdo de colaboración alcanzado por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria con los gobiernos de Brasil, Canadá y Estados Unidos, para trabajar conjuntamente sobre enfoques científicos en relación con la presencia de bajo nivel (Low Level Presence) de cultivos biotecnológicos aún no aprobados en los países importadores, una amenaza enorme para nuestros mayores productos de exportación.
Y es preciso resaltar también la importancia de contar con estadísticas confiables. Esperamos los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2018, fundamentales tanto para la toma de decisiones estratégicas en el sector privado, como para fortalecer el proceso de formulación y evaluación de políticas públicas.
La Argentina debe retomar un sendero económico en el que las inversiones desempeñen un papel central. Esto nos obliga a trabajar sobre los distintos factores que afectan la competitividad de nuestras industrias y limitan las inversiones. Los altos impuestos, la evasión impositiva, la inflación y los saltos en el tipo de cambio dañan la competitividad y generan obstáculos a la hora de adoptar decisiones de inversión.
Abogamos por que los convenios colectivos de trabajo se adapten a esta nueva realidad industrial de la economía 4.0. La competitividad no se resuelve ni bajando salarios, ni con el incremento y frecuencia de contribuciones extraordinarias recaudadas por algunos sindicatos.
Exportar no es algo que se consigue de un día para otro. Nuestra cadena y todo el sistema productivo, para desarrollarse, requieren previsibilidad. Estabilizar la macroeconomía resulta una condición necesaria, y confiamos en que nuestros gobernantes podrán encauzar el devenir económico.
Pero los cambios de reglas de juego, como la reimplantación de las retenciones, atentan en forma permanente contra el normal desempeño de las actividades, al generar desconfianza e incertidumbre. Es importante trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad para que sea constructora de políticas públicas de largo plazo.
Para sembrar los principales cultivos que se están terminando de cosechar, los productores de este país desembolsaron nada menos que 14.400 millones de dólares, entre semillas, fertilizantes, agroquímicos, contratistas y servicios profesionales. Semejante inversión no puede estar tan expuesta a los vaivenes de la política, ya tiene bastante con los del clima y los mercados internacionales.
Necesitamos seguridad jurídica, es decir, instituciones fuertes, creadoras de consensos de largo aliento. Tenemos que dar certeza y competitividad a la producción, para agregar valor, promover el desarrollo e incrementar las inversiones.
Un ejemplo reciente puede ilustrar esta problemática. El Gobierno nacional logró el año pasado la apertura del exclusivo mercado de Japón a la carne bovina y ovina de la Patagonia, que hoy está comenzando a concretarse. Esta iniciativa motiva la concreción de desarrollos maiceros en el sur del país, lo que a su vez tracciona investigaciones en cultivos y proyectos de inversión en riego. Sin embargo, esto se dificultará si se mantiene una ley que acaba de sancionar la Legislatura de Chubut, sin sustento científico evidente, que prohíbe en todo su territorio productos que tengan glifosato como base.
En este punto conviene hacer un paréntesis y ser claros: las plagas afectan la cantidad y la calidad de la producción, y se controlan con el manejo de los cultivos, el control integrado, la biotecnología y los productos fitosanitarios. Hoy los fitosanitarios se evalúan durante años. El riesgo cero no existe en ninguna actividad. Lo que debe combatirse son las malas prácticas. Maizar forma parte de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, conocida Red BPA, que propicia la producción sustentable y que el cuidado de la salud y del ambiente sean compatibles con la producción, agropecuaria y agroindustrial.
Otro problema relativo a la seguridad jurídica se da con los biocombustibles. En el caso específico de nuestra cadena, las normas que regulan el etanol de maíz con el que se cortan las naftas han cambiado en varias oportunidades, para finalmente derogar la fórmula de cálculo, lo que deja al sector en una gran incertidumbre.
Con las plantas e inversiones realizadas hasta hoy, tenemos la posibilidad cierta de producir etanol para aumentar el corte de las naftas del 12% actual al 15%. ¿Por qué motivos no podemos aumentar estos porcentajes hasta niveles similares a los de otros países? Tenemos maíz para transformar, capacidad disponible e inversores dispuestos a ampliar o realizar nuevas plantas. Y el etanol tiene ventajas ambientales, amén del valor agregado de industrializar el maíz, generando más trabajo en el interior del país. Más aún: la normativa actual expira en 2021. Empecemos a pensar una nueva Ley de Biocombustibles, que proyecte un corte de naftas con 27,5% de etanol, como en Brasil.
Otra situación que nos preocupa es la del maíz pisingallo. Somos el primer exportador del mundo de esta especialidad, pero, debido a las retenciones y la baja de reintegros, estamos poniendo en riesgo esa capacidad exportadora y cediendo mercados trabajosamente conseguidos a nuestros competidores.
Por otra parte, seguimos sin tener una ley de semillas que respete la propiedad privada. Desde su fundación, MAIZAR ha promovido el respeto a la propiedad intelectual. Durante 2018, los sectores público y privado trabajaron mancomunadamente para alcanzar los consensos para modificar la ley. Ese proceso culminó con más de 45 exposiciones que tuvieron lugar durante 4 jornadas en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Finalmente, el 20 de noviembre, dicha Comisión dictaminó favorablemente para modificar parcialmente la ley 20.247, dictamen que tiene estado parlamentario hasta fin de año.
Es clave trabajar en el tiempo que resta para alcanzar los acuerdos políticos necesarios para que finalmente la Argentina pueda contar con una nueva ley de semillas que promueva la investigación y desarrollo, tanto público como privado, fundamentales para incentivar las inversiones que todo el sector necesita.
El concepto de sostenibilidad rige todas nuestras actividades. El cuidado de las tecnologías y su uso responsable son claves para mantener la competitividad. Debemos trabajar juntos todos los involucrados para difundir la importancia del uso de refugio en todos los cultivos BT, especialmente en maíz.
Necesitamos también una ley de fertilizantes, que resulte de costo fiscal cero, pero que contribuya a mejorar el sistema productivo y a reducir las brechas entre los rendimientos reales y potenciales.
Un funcionamiento eficiente de nuestro sistema productivo y comercial requiere de un enfoque integral, que contemple acciones articuladas entre sí, con el objetivo de reducir el impacto del riesgo climático y el de precios en función de su frecuencia e intensidad. Obras de infraestructura, promoción de los mercados de futuros, diseño de herramientas de cobertura con seguros y derivados climáticos, y una moderna ley de emergencia agropecuaria, son algunas de ellas.
Somos oferentes de múltiples productos de la agroindustria nacional, que generan inversiones y miles de puestos de empleo a lo largo y a lo ancho de todo el país. La única manera de aumentar sostenidamente los aportes de la cadena del maíz a la sociedad es mediante la generación de riqueza a partir del incremento en la producción y exportación de materias primas y sus productos de transformación.
Sin embargo, la concreción de los objetivos es una tarea que requiere del compromiso de todos los actores del sector privado, tanto con el trabajo institucional como con el financiamiento, y de un Estado que actúe como motor de las iniciativas privadas, con políticas que incentiven el desarrollo y nos permitan ir superando los obstáculos. Queda mucho por hacer, sigamos trabajando juntos para lograr una Argentina con trabajo digno, crecimiento e inclusión social.
