Verdades y traumas detrás del dilema tarifa-subsidios.
Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2015, el índice general de precios aumentó un 1.392%, el peso se devaluó 1.043%, el índice de salarios creció 1.658% y la tarifa R1 (consumo de 500 m3/año) de Metrogas creció sólo el 75%.
Autor: Daniel Montamat en Clarin - 23/04/2018
Eso da una idea de las distorsiones en el crecimiento de los precios relativos desde el colapso de la convertibilidad hasta que asumió la nueva administración.
Con tarifa casi congelada no es que el servicio de gas (que incluye producción, transporte y distribución) tuvo también costos congelados.
La diferencia entre el costo del servicio que seguía la evolución de salarios e inflación y el retraso tarifario generó un crecimiento exponencial de los subsidios energéticos (gas y electricidad).
Esos subsidios, en dólares, llegaron a 21.000 millones en 2014. Pero los subsidios no eran un regalo de Cristina antes, como no son un regalo de Macri hoy. Los pagamos todos los argentinos con el bolsillo de contribuyentes de impuestos y, si no alcanzan los impuestos, se pagan con "papel pintado" (el impuesto inflacionario que más castiga a los que menos tienen).
Esos subsidios generalizados se redujeron a 8.803 millones de dólares el año pasado, pero aún con las recomposiciones tarifarias en curso en 2018 siguen siendo significativos (alrededor del 20% del costo de la electricidad y del costo del gas para los consumos residenciales).
Es cierto que para reducir subsidios hay que recomponer las tarifas del gas y la electricidad, y es cierto que la recomposición tarifaria incide en el índice de inflación en el mes que impacta.
Pero muchas opiniones sesgadas no dicen que si no se reduce el subsidio y se sigue financiando con emisión inflacionaria o endeudamiento externo, prolongamos el desequilibrio fiscal, se exacerba la inflación y se hace crónica.
Por eso, el grupo de ex secretarios de Energía, antes de la elección de 2015, asumiendo que cualquiera fuese el ganador iba a tener que atravesar el camino traumático de la recomposición de precios y tarifas, elaboró un documento que firmaron todos los candidatos y precandidatos a la Presidencia (con la excepción del candidato por el oficialismo de entonces) donde se declaró "que los precios y las tarifas de la energía deben reflejar sus costos económicos" y la protección en el proceso de recomposición, que era inevitable, debía contemplar un mecanismo de tarifa social.
Los firmantes tenían en claro que el camino conducente a tener menos inflación y más inversiones para revertir el déficit energético que se heredaba y mejorar la calidad del servicio (menos cortes) era la recomposición gradual de las tarifas y la consiguiente reducción de los subsidios.
Había que terminar con la ficción populista y evitar la especulación política demagógica.
Como las recomposiciones tarifarias, luego del desbarajuste heredado, por más graduales que sean, son traumáticas porque ahora el costo del servicio se unifica en un bolsillo (antes el bolsillo de consumidor de gas y electricidad podía no coincidir con el bolsillo que tenía que afrontar la cuenta de subsidios), hay mecanismos para paliar su impacto.
Uno depende de cada consumidor: el uso más eficiente y racional de la energía.
El Gobierno ha difundido un documento que mide consumos de gas y electricidad en Buenos Aires, Santiago y Montevideo. Los chilenos y los uruguayos, que no sometieron sus sistemas energéticos al populismo de precios congelados y políticas discrecionales, pagan mucho más por el servicio y en los picos estacionales consumen menos. Desarrollaron otros hábitos de uso y eficiencia que los argentinos tenemos que incorporar.
El otro mecanismo para paliar el impacto de la recomposición es la tarifa social. De las 14.500.000 viviendas registradas en el país, unas 8.700.000 se encuentran conectadas a la red de gas natural y un 98% se encuentra conectada a la red nacional de energía eléctrica.
Hay 4,3 millones de hogares a lo largo y a lo ancho de la Argentina con una tarifa social eléctrica subsidiada. Hay 2 millones de hogares con una tarifa social de gas natural subsidiada. El padrón de beneficiarios es dinámico, y puede que algunos no deban estar y otros deban ser incorporados.
El tercer paliativo que negoció el Gobierno con sus socios de Cambiemos es aplanar el pago de las facturas de gas de invierno (cuando el consumo de gas residencial aumenta entre tres y cuatro veces) para consumos medios y altos no alcanzados por la tarifa social.
La factura se podrá pagar en cuotas con alguna carga financiera y se difiere la discusión sobre si las tarifas de gas y electricidad para los hogares tienen que ser planas (igual tarifa todo el año) o deben reflejar las variaciones de consumo según las estaciones.
El tema de fondo a discutir es si el camino emprendido de restablecer señales de precios y de reinstitucionalizar el sector devuelve a la industria energética el rol de palanca del desarrollo que debe tener.
Entonces, los frutos de la transición quedarán a la vista: habrá acceso a la energía para muchos que no lo tienen, mejorará la calidad del servicio para todos y tendremos un suministro seguro y sostenible a precios competitivos.
Daniel Gustavo Montamat es ex secretario de Energía y ex presidente de YPF.
