La política fiscal aún es un modelo para armar.
El presupuesto 2018 depende en buena medida del resultado electoral, al igual que los límites al gasto provincial y la reforma tributaria.
Autor: Néstor O. Scibona LA NACION - 24/09/2017
Quizá la mejor descripción del cuadro fiscal de la Argentina surja de promediar las posturas extremas que rodearon la presentación en el Congreso del proyecto de presupuesto nacional para 2018, cuyo gasto total supera los tres billones de pesos. O sea, un tres seguido de una caravana de doce ceros, equivalente a unos 155.000 millones de dólares, con un aumento de 16,2% respecto de este año.
Cristina Kirchner no deja de repetir en sus inusuales reportajes de campaña -forzados por la necesidad de recuperar protagonismo- que el Gobierno prepara "la segunda etapa del plan de ajuste" para después de las elecciones del 22 de octubre. En cambio, los economistas más ortodoxos alertan sobre la ausencia de ajuste fiscal y los riesgos de seguir apostando al gradualismo para reducir el peso del gasto público, porque el déficit se financia con más deuda externa y esa política sería insostenible a mediano plazo si la economía no crece por mucho tiempo al 3,5% anual incluido en las proyecciones oficiales.
Ni tanto ni tan poco. La política fiscal se asemeja a una suerte de "es lo que hay" ante la escasez de consenso político. Quienes desde la oposición proponen aumentar el gasto también reclaman bajar impuestos y cuestionan el endeudamiento externo, lo cual se convierte en una ecuación imposible. Y quienes advierten que el Estado vive de prestado pese a la alta presión tributaria no aclaran por dónde cortar el gasto sin afectar la gobernabilidad. El gradualismo es claramente una salida intermedia no exenta de riesgos ni apta para ansiosos.
Por lo pronto, más de la mitad del gasto primario para el año próximo ($ 1,56 billones) se concentra en prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y planes como la AUH) con indexación automática y, por lo tanto, inflexibles a la baja. La decisión oficial es que el gasto social crezca 22,1%, es decir, por encima de la inflación proyectada (15,7% promedio), para atender a los sectores más vulnerables.
El recorte se apoya mayormente en los menores subsidios a la energía (-21,1%) y al transporte público (-1,7%), que restarán $ 31.000 millones al gasto con relación a 2017 y bajarán del 2,3 al 1,6% del PBI ($ 203.300 millones). Pero su contrapartida son los aumentos semestrales pautados en las tarifas de electricidad y gas, a las que se sumarán las de trenes, colectivos y subtes, congeladas desde hace más de un año en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Si bien el gasto en salarios del sector público nacional ($ 386.000 millones) incluye una suba de 16%, algo superior a la inflación calculada, otros rubros se ubicarán por debajo, como las transferencias a provincias (9,9%) y gastos no salariales (-0,6%), con lo cual los gastos corrientes crecerán 14,5%.
La inversión en infraestructura ($ 463.300 millones) alcanzará en total 3,5% del PBI, frente al 2,6% de 2017. Pero algo menos de la mitad ($ 210.000 millones) saldrá directamente del Tesoro en 2018. El resto corresponderá a fideicomisos, acuerdos bilaterales, inversión privada en energía, concesiones y contratos en dólares por el régimen de participación público-privada (PPP), que implican deuda a futuro, pero alivian la caja fiscal. Aún con dudas sobre si la PPP madurará para captar el monto previsto ($ 34.600 millones), estos componentes son clave para que la inversión total alcance el 17% del PBI el año próximo y la economía crezca al 3,5% anual proyectado.
Por el lado de los ingresos, se prevé que la recaudación impositiva ($ 2,15 billones) y los aportes de seguridad social ($ 890.000 millones) tengan una suba de 17,6%.
El resultado fiscal merece un párrafo aparte. Si bien baja de 4,2 a 3,2% del PBI el déficit primario (sin intereses de la deuda pública), ese ahorro será contrarrestado precisamente por los mayores pagos de intereses ($ 286.000 millones, sin incluir la deuda intrasector público), que equivaldrán a 2,3% del PBI, con lo cual el déficit financiero se ubicará en 5,5% del PBI.
En números redondos, el déficit primario alcanzará a $ 395.600 millones y el financiero, a casi $ 682.000 millones. Y la deuda pública en moneda extranjera se elevará del 28,5% del PBI este año (casi US$ 154.000 millones) a 31,1% en 2018. Según las proyecciones oficiales, alcanzará un techo de 37,3% del PBI en 2020, para descender gradualmente con un déficit primario de 0,5% del PBI.
Un punto a favor de la credibilidad del Gobierno es que la ejecución del presupuesto 2017 cerrará con un desvío mínimo (+2,8%) respecto de la proyección original, después de una década de "dibujos" numéricos para aumentar más el gasto por fuera del Congreso. En contra juega la escasa reducción de la presión tributaria nacional prevista para 2018 (-0,8% del PBI), que se concentra casi exclusivamente en la postergada rebaja de las retenciones a la soja, a razón de 0,5 puntos porcentuales por mes. Esto se traducirá en menores ingresos coparticipables para el denominado Fondo Sojero, destinado a obras en las provincias, sin contar las del Plan Belgrano ($ 40.000 millones).
Aunque el presupuesto 2018 es una pieza importante, no alcanza a definir la política fiscal que el gobierno de Mauricio Macri busca aplicar hasta fines de 2019. Más bien es un modelo para armar que abarca a las provincias.
Aún falta cerrar con los gobernadores la ley de responsabilidad fiscal (LRF) y la reforma tributaria (RT). Y los alcances de cada una de estas tres iniciativas dependerán en buena medida del resultado de las elecciones del 22 de octubre. No por casualidad la Casa Rosada prevé tratarlas a partir del 10 de diciembre, con la nueva composición del Congreso.
La LRF apunta a evitar que el aumento de los gastos corrientes supere a la inflación y establece penalidades para las provincias con niveles de deuda que excedan su posibilidad de pago. No obstante, está condicionada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante el reclamo de la provincia de Buenos Aires de actualizar el Fondo del Conurbano Bonaerense, que, en caso de ser aceptado, restaría no menos de $ 30.000 millones anuales a la masa de fondos coparticipables. También está en discusión la transferencia de fondos a las cajas jubilatorias provinciales, para las cuales el Poder Ejecutivo mantiene el tope de $ 14.000 millones fijado en 2017, pero con desembolsos sujetos a que brinden información sobre sus prestaciones, ya que varias pagan haberes muy superiores a la Anses, que en algunos casos llegan a $ 200.000 mensuales.
A su vez, la RT no está incluida en el presupuesto 2018, ya que la Casa Rosada busca negociar una reducción gradual de alícuotas de los impuestos a ingresos brutos por sus efectos distorsivos sobre la actividad económica. Pero por separado el gobierno de Macri proyecta prorrogar hasta fines de diciembre de 2019 el mal llamado "impuesto al cheque" y destinar a la Anses el 70% de la recaudación que hasta ahora va al Tesoro ($ 200.000 millones), como una manera de prevenir reclamos de mayor coparticipación.
También destinará a la Anses los ingresos del revalúo impositivo, previsto como sustituto optativo del ajuste por inflación en Ganancias, a aplicarse en 2018 por única vez con un impuesto de 5 a 15% sobre bienes que no se destinen a inversión y con el que prevé recaudar unos $ 25.000 millones. Mientras tanto, debate si imponer o no un impuesto a la renta financiera sobre los intereses de plazos fijos y Lebac, que divide aguas en el Gobierno porque su recaudación sería exigua en comparación con las distorsiones que provocará en el sistema financiero.
En definitiva, es el típico dilema de la frazada corta, que no alcanza cubrir la frondosa estructura del gasto público ni las enormes necesidades de infraestructura. Y deja de lado el denominado "gasto tributario" (exenciones legales de impuestos nacionales, desgravaciones y alícuotas diferenciales) que en 2018 ascenderán a $ 345.000 millones (2,8% del PBI) y figuran sólo como un capítulo informativo en el mensaje de 190 páginas que acompaña al presupuesto.
