Deuda política con el productor agropecuario
Una evolución general desde que asumió el presidente Mauricio Macri determinó que las pérdidas serían de 10.000 millones de dólares por inundaciones y lucro cesante, ante la falta de políticas de Estado para cubrir la afectación de los productores.
Autor: Arturo Navarro para Noticias Argentina - 03/06/2017
Lo cierto es que la carencia de dichas políticas y de recursos suficientes para atender como corresponde las necesidades será una constante si no hay disposición del gobierno nacional a consensuar con los directos protagonistas las políticas de Estado que necesitamos.
Es una tarea pendiente del Ministerio de Agroindustria en conjunto con las entidades agropecuarias y las cámaras de seguros:
Por ese motivo me pareció oportuno insistir con mis propuestas para atender en tiempo y forma eventos de esta envergadura -que van a continuar- y mitigar los efectos del cambio climático.
Ordenar y hacer las nuevas obras para el escurrimiento ordenado y racional de las aguas para cuando ocurran las grandes inundaciones es fundamental.
Pero esta acción no debe reemplazar la necesidad de contar con políticas de Estado para atender los riesgos climáticos directos
de las inversiones anuales de los productores, que es una de la grandes deudas con el productor agropecuario.
La información internacional difundida por expertos y comunicadores especializados confirma que los cambios climáticos serán más reiterados y de mayor envergadura, motivo más que suficiente para generar nuevas políticas de Estado.
El primer paso es constituir una mesa pública-privada institucional tripartita -Estado, aseguradoras y productores- como ámbito para hacer todas las propuestas, discutirlas, consensuar los proyectos y hacer el seguimiento de las políticas en el largo plazo, como lo hacen todos los países que tuvieron éxito con políticas para mitigar los riesgos climáticos, económicos y sociales de toda la comunidad.
Me consta que el país tiene grandes capacidades humanas y ejemplos a mostrar para desarrollar esta política.
Al Banco Mundial tenemos que ir a pedirle financiamiento cuando tengamos un proyecto público-privado.
La gran acumulación de agua en parte de los caminos de comunicación de la red terciaria de 285.000 Km en todo el país, están impidiendo el desarrollo de todas las actividades agropecuarias y sociales, poniendo en serio riesgo los ingresos del sector y del Estado.
En tanto, la obsoleta infraestructura general actual, la falta de mantenimiento de canales y rutas en las provincias, sin haberse concretado las obras, debería ser un llamado de atención y una apelación para que el Gobierno del presidente Mauricio Macri avance en forma urgente con esas obras.
Muchas de las consecuencias graves de las grandes lluvias, son porque han desaparecido o se han achicado los reservorios naturales que existían y las aguas corren por cauces que no son los normales por obras de infraestructura mal hechas y canales clandestinos realizados en defensa de intereses particulares o localidades, sin tener en cuenta los intereses generales de la cuenca.
Por eso es fundamental para poder ordenar la actual situación con nuevas obras, que estén dispuestas con el funcionamiento a pleno de la autoridad de cuenca de cada región.
La política de Estado para proteger al productor y la agroindustria, la más importante y eficiente del país que promuevo, debería diseñarse a través de dos instrumentos que ya se usan en todo el mundo:
- Políticas para incentivar el mayor uso de los seguros agropecuarios por medio de compensaciones a la prima, rebaja de impuestos u otros incentivos nacional y provinciales, para poder aumentar la cobertura del área sembrada al bajar el costo de la prima del seguro.
De esa manera aumentan los usos del seguro por los productores y proveedores de insumos, que son los directos damnificados.
- Políticas para crear un Fondo Nacional Permanente Autárquico para atender todos los bienes no asegurables, fondo que atendería exclusivamente a los productores que tengan asegurados los bienes asegurables.
La idea es optimizar los recursos públicos y premiar a quienes tienen vocación aseguradora, para generalizar un sistema público-privado que debe ser solidario, pero no obligatorio, para permitir la competencia entre las empresas aseguradoras, que estén dispuestas a aceptar las condiciones especiales del sistema a desarrollarse.
En el país, si queremos desarrollar los seguros multirriesgo para cubrir los daños sistémicos -caída de rendimientos- que sean técnicamente viables y competitivos para todas las partes, nos debemos equipar con tecnología satelital moderna y específica.
Después de muchos años de un trabajo a prueba y error, en Estados Unidos ya tienen coberturas que aseguran los ingresos proyectados del productor con diferentes propuestas.
AN/MAF
(*) Consultor. Ex presidente de CRA y CARBAP.
