Una propuesta para la gestión eficaz del riesgo climático
Después de que las lluvias terminaran con la sequía y se normalizaran los trabajos en el campo, sería también el momento de iniciar la discusión para consensuar una propuesta de política de Estado seria y previsible que atienda los riesgos climáticos y económicos de todos los productores en tiempo y forma
Autor: ARTURO NAVARRO - 10/10/2006
Para poder cumplir con estos objetivos se debe contemplar una acción de la ley de emergencia agropecuaria con una política pública de seguros y un fondo para atender desastres y catástrofes de los bienes no asegurables.
Los trabajos realizados por las empresas de seguros y proveedores de insumos y servicios permitieron que en la última campaña el 36% del área sembrada se encontrara cubierto con pólizas de granizo y sus adicionales. Ese porcentaje cubre casi 11 millones de hectáreas sembradas. Gradualmente, los productores agropecuarios fueron tomando conciencia de la importancia que reviste trasladar el impacto de los riesgos climáticos y económicos sobre sus cultivos al sistema asegurador. Han advertido también que la garantía de sus rindes por medio del seguro les permite mantener indemne su capacidad de reinversión e inalterable su efecto económico y multiplicador.
El desafío a futuro consiste en generalizar esa conciencia para elevar el área cubierta al 60% como primera meta, brindando el servicio a los pequeños productores, a aquellos que vuelcan sus esfuerzos en zonas de mayor riesgo y en todas las economías regionales. Para cumplir con estas metas se necesita una política de Estado: el sector privado no lo puede hacer sin apoyo.
En la Argentina no existe un marco normativo de cobertura pública y privada que brinde al hombre de campo la posibilidad de recomponer su capacidad productiva ante emergencias climáticas, y no hay que olvidar que nuestro país es uno de los de mayor riesgo en el mundo debido a su elevada variabilidad climática.
Ante esta situación es necesario replantear los mecanismos existentes tendiendo a crear un sistema de seguros climáticos, apoyado en compañías solventes con dispositivos claros y confiables y que se comprometan formalmente con las políticas públicas establecidas.
El sector asegurador debe ofrecer coberturas que le den estabilidad al sistema productivo agropecuario, garantizando el recupero de la inversión básica realizada en los cultivos por parte de los productores, en los casos en que los rindes hubieran sido afectados por factores climáticos y biológicos fuera de su control.
En esa tónica se deben contemplar pautas claras, simples, sin cambios ni ambigüedades, que le permitan al asegurado conocer bajo qué circunstancias y hasta qué punto lo cubrirá la póliza. Esas pautas deben ser coordinadas con la función del Estado, que debería instrumentar las modificaciones necesarias a la ley de emergencia agropecuaria para establecer que sólo estén encuadrados dentro de ella aquellos productores que hayan sido previsores y contraten un seguro para sus cultivos y sus bienes.
De manera conjunta, el Estado y los sectores involucrados deben evaluar la necesidad de conceder subsidios directos o indirectos a las primas o a los gastos de administración y adquisición preestablecidos con objeto de abaratar el costo para el productor. Del mismo modo, para prever las consecuencias de desastres climáticas que superen los sistemas de seguro vigentes, se deberán evaluar los costos de reaseguros internacionales y la creación de un fondo específico, aportado por el mismo sistema para atender los desastres y catástrofes de todos los bienes que no son asegurables.
Bajo estas pautas se podrán establecer políticas de producción agropecuaria en función del mapa de riesgos que se desarrolle para la toma de cobertura para el sector asegurador y líneas de créditos otorgadas por instituciones financieras nacionales, provinciales o privadas, las que podrán reducir sus tasas de interés, considerando la eliminación del riesgo de recupero en función de la presentación de un certificado de cobertura otorgado por aseguradoras autorizadas.
Hay que emprender una acción muy didáctica para cambiar la vocación aseguradora de los productores, con metodologías que induzcan al uso del seguro sin ser obligatorio y que evite la autoselección tomando sólo seguros en zonas de riesgo porque va en contra del desarrollo de una política pública de seguro. Hay que construir un servicio solidario que pueda cubrir todas las zonas del país que tengan condiciones técnicamente viables y el costo sea razonable para el productor.
Se debe establecer un sistema que tenga premios o castigos si el productor usa o no la herramienta para los bienes asegurables, para que el sistema sea totalmente transparente, sin influencias políticas ni sectoriales: ésta es una condición fundamental para hacerlo sostenible en el tiempo, por lo tanto hay que institucionalizar la participación de los actores, pública y privados, en el diseño de las políticas y en su seguimiento, más allá de los cambios de gobierno.
Una propuesta como la descripta le va a permitir a los gobiernos nacional y provinciales el ahorro del costo político, al tener un sistema moderno -como existe en la mayoría de los países- que cubre los desastres climáticos de un sector que invierte y trabaja a la intemperie, y que en los últimos tres años aportó al Estado-con impuestos a la exportación- US$ 15.000 millones.
Con estos argumentos la dirigencia debe incluir en su agenda este tema y peticionar con una propuesta una política pública para atender los riesgos climáticos y comerciales del sector agropecuario y agroindustrial.
