Exigen nueva legislaciones para mejorar desarrollo en el campo.
Por más que no esté de acuerdo con gran parte de la política agropecuaria de este gobierno, no debe ser motivo para no hacer propuesta para la coyuntura, que pueda servir para restablecer el diálogo entre el sector agropecuario y el gobierno nacional para concretar políticas específicas que potencien el actual crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.
Autor: ARTURO NAVARRO - 01/01/2007
Mi posición sobre la política agropecuaria general es conocida y no surge solamente de la evaluación de la actual situación económica, sino de la total falta de reglas claras para invertir en el largo plazo que les quita previsivilidad al sector y al país.
Las permanentes intervenciones de los funcionarios en los mercados y la falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones de la República determinan esta definida posición que es coherente con mi histórica forma de pensar.
Entre las políticas de Estado específicas que propongo, están las siguientes:
• Legislación para atender los riesgos climáticos y comerciales del sector agropecuario y del complejo agroindustrial.
• Legislación para fomentar el aumento del uso de fertilizante para hacer sostenible el crecimiento de las producciones en el país.
• Legislación para mejorar el funcionamiento de la ley de warrant, para mejorar la financiación del sector en todos sus procesos productivos y de comercialización.
• Legislación que defina el marco normativo para las inversiones en investigación, en innovación y en desarrollo tecnológico del sector agropecuario y agroindustrial.
Con estas políticas, que no son ni de derecha ni de izquierda, ni liberales ni socialistas, sino de total sentido común para atender las necesidades urgentes de nuestros productores y del complejo agroindustrial, porque permiten acotar las pérdidas previsibles tanto en los sectores privados como en el sector público, porque promueve una mayor producción al mejorar la eficiencia en la inversión y porque, al mismo tiempo, con estas políticas públicas se consolida un sector agropecuario mucho más competitivo, aprovechando las ventajas de los nuevos avances tecnológicos y de servicios que existen en el mundo.
Esta sería la mejor y la más rápida forma de concretar las políticas agropecuarias progresistas que necesitamos para igualar a los productores sin ninguna discriminación ni exclusión, permitiéndoles a todos insertarse en el nuevo escenario moderno de producción y de comercialización. La educación, la innovación, las nuevas tecnologías y una eficiente gestión serían las bases fundamentales de una política moderna de desarrollo rural y regional acorde con las necesidades siglo XXI.
Por todos estos argumentos que son irrebatibles ante el conjunto de la sociedad, creo que el gobierno nacional no puede ni debe dejar de atender con urgencia estas necesidades del sector, y que son propuestas que están en el Poder Legislativo desde hace mucho tiempo, por iniciativa de diferentes legisladores.
Hasta ahora, no hemos encontramos manera de poder avanzar con dichos temas, porque no eran propuestas del Poder Ejecutivo.
Concretamente, al productor no le interesa quién es el autor de cada proyecto. Lo que le interesa es tener políticas públicas para poder consolidar sus proyectos de inversión y de producción, con legislaciones que le aseguren que no van a cambiar las reglas de juego con cada gobierno o funcionario que asuman.
Las entidades agropecuarias, ante esta coyuntura, deben cambiar su agenda y trabajar en temas concretos que hacen a las políticas futuras, porque no han podido concretar una propuesta general y uniforme para reemplazar la política del gobierno. Todo lo contrario, han mostrado una permanente incoherencia en los reclamos según los diferentes temas que tratan y pretenden defender, motivo por el cual el gobierno, con toda razón, mantiene sus políticas y redobla su apuesta ante el reclamo dividido con el aumento de las retenciones a la exportación de la soja, porque no hay una propuesta general unificada y superadora de parte de las entidades como de gran parte de la oposición.
En la actual situación, la única alternativa que tienen las entidades es aspirar a incluir en la agendas temas específicos como los que menciono más arriba, porque son las necesidades concretas de nuestros productores, más allá del modelo económico que esté en vigencia. Sería la mejor forma de poder restablecer un diálogo constructivo con temas específicos y apostar de esa forma a abrir un diálogo permanente -más amplio y más fecundo-para discutir las grandes políticas nacionales que necesitan el sector agropecuario y el país, si no queremos seguir siendo discriminados con las políticas nacionales y ser el pato de la boda permanente, sin recibir ningún apoyo estatal cuando se presentan las crisis climáticas y económicas del sector.
