Adelgazar a la ONCCA para promover exportaciones

La creación del Ministerio de Agricultura es una buena oportunidad para diseñar un eficiente Sector Público Agropecuario y Agroindustrial. Pero sólo si se tiene en cuenta que: Habría que devolverle el nombre de “Alimentación” que tenía para reflejar el enfoque de “cadena de valor” agroindustrial; estamos ante el fracaso de las políticas regulatorias de las exportaciones que, al desalentar al productor, finalmente incentivan la producción de soja, que casi no forma parte de la “mesa de los argentinos”.

Autor: ARTURO NAVARRO - 25/02/2010


El campo padece las retenciones que subsidian al consumo, pero benefician también a sectores de ingresos medios y altos. Este desaliento no asegura el abastecimiento local, por lo que se regula la exportación, en base a los llamados ROE, (Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior). Los hay de cada color, para granos, carnes y lácteos; las compensaciones y subsidios que aparecen como beneficiando al productor o a la industria (que muchas veces no los cobran), en definitiva favorecen al consumidor, hasta que cae la oferta, como pasó con la carne; cuando esto sucede, la Secretaría de Comercio interviene con controles directos. Como resultado apenas se salva la soja y el Ministerio del área “la ve pasar”.
   
   Todos los instrumentos mencionados, que no sean Retenciones, ni controles directos, tienen como autoridad de aplicación a la ONCCA: registros, pagos de compensaciones y ahora, la distribución de la Cuota Hilton. Por eso, creció desmesuradamente y necesita ser “adelgazada”, para que el Ministerio tenga decisión y autonomía.
   
   El Presupuesto 2010 señala, la función para la que fue originalmente creado: “un organismo descentralizado que tiene a su cargo la ejecución de las políticas dictadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) tendientes a asegurar un marco de transparencia”. Pero luego define las funciones que se le fueron agregando con el tiempo: Facultad para establecer mecanismos de eficiencia en el uso de los granos destinados a la alimentación de animales y a definir las clasificaciones de los mismos cuya producción será objeto de compensación; administrar el mecanismo, creado por la Resolución MEyP Nº 9/07, destinado a subsidiar, a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno, el consumo de productos derivados del trigo, el maíz, el girasol y la soja; y administrar las operaciones de importación y exportación de carnes vacunas, de cerdos y lácteos, entre otros productos de la cadena agroalimentaria.
   
   El Presupuesto del año 2009 fue de $3.855,8 millones (más de u$s 1000 millones, cuando todo el Sector Público Agropecuario, en los noventa, funcionó con u$s 400). Pero se ejecutó apenas un 60% ($ 2.319,7 millones), lo que implica que no todos cobraron las compensaciones. Este año, cuenta con $ 2.731 millones, de los cuales 2.700 son para “Transferencias a empresas privadas”.
   
   Proponemos: a) Confirmar que el Ministerio tiene la competencia sobre alimentos, para recomponer el criterio de cadena. b) Eliminar las normas que crean y reglamentan los ROE, así como todos los mecanismos de compensación de manera gradual. c) Las exportaciones de carnes y lácteos deben ser liberadas, a fin de fomentar el valor agregado exportado. d) Para cereales y oleaginosas, derogar la llamada Ley Martínez Raymonda y los ROE y volver al régimen de la Ley 21.453 y su Decreto reglamentario 1.177/92. Así, los exportadores no tendrán que adquirir la mercadería antes de declararla para exportar; se volverá al sistema de registro, con 360 días para obtener el cumplido de embarque y el así, valor disponible se arrimará a la “paridad teórica”. e) La Cuota Hilton debería depender del Ministerio de Agricultura y, si se mantiene el registro de operaciones de exportación en la ONCCA, tendría que ser bajo atenta vigilancia del Ministro.
   
   El ahorro puede destinarse a políticas para el sector o destinarlo a complementar el Programa de Asignación por Hijo.
   
   La ONCCA debe volver a su función original, permaneciendo como organismo descentralizado únicamente si requiere un manejo autónomo de su presupuesto, por existir un régimen sancionatorio, para los que atenten contra la “transparencia y la libre concurrencia”.
   
   Conviene recordar que existen, para todos, leyes de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor.