Riesgos del trabajo: que el efecto de la baja de la litigiosidad no sea pasajero.

En febrero de 2017, producto del consenso de todos los sectores (empresario, sindical, Estado y aseguradoras) se sancionó una reforma al sistema de riesgos del trabajo (ley 27.348), cuyos objetivos fueron el de disminuir la altísima litigiosidad que, por demandas de accidentes laborales, amenazaba al sistema y el de mejorar las indemnizaciones, entre otros.

Autor: Mara Bettiol en La Nación. - 06/08/2018


Uno de los cambios establecidos radicó, fundamentalmente, en el procedimiento para dirimir controversias en cuanto a la cuantificación de la discapacidad remanente luego de un accidente laboral. A partir de las modificaciones, es obligatorio pasar por las comisiones médicas del sistema antes de presentar una demanda judicial. El dictamen de esta comisión es un requisito para, de no haber conformidad, presentarse sí a la Justicia.

A casi un año y medio de la reforma, con doce provincias adheridas a la ley, los primeros resultados en el sentido buscado comenzaron a verse. Muchas de las discrepancias se están solucionando intrasistema y están disminuyendo las que llegan a los tribunales, en las provincias que ya adhirieron a la ley. En el primer semestre de este año, la baja global en la presentación de nuevas demandas judiciales alcanzó el 34%.

Adicionalmente, es destacado el acompañamiento de muy buena parte de la justicia laboral con sentencias favorables respecto de aspectos centrales de la reforma, como el procedimiento previo ante las comisiones médicas y la utilización del baremo (tabla de medición de incapacidades).

Pero cuidado: esto va a constituir un fenómeno pasajero si no se completa la reforma en todas y en cada unas de las provincias que ya adhirieron y en las que se sigan sumando. La única manera de consolidar este avance es con la rápida conformación de los Cuerpos Médicos Forenses en cada una de las justicias provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires, tal cual lo exige la ley.

Y, una vez creados, debe ocurrir que los mismos se atengan al baremo incluido en la normativa, para que todos los eslabones de esta cadena manejen el mismo parámetro. Necesitamos comenzar a hablar el mismo idioma y ese lenguaje técnico específico para determinar daños es el baremo establecido por la ley. Rige para las aseguradoras, para las comisiones médicas y para la Justicia. No podemos continuar con dialectos sectoriales. Para todos: empresarios, trabajadores, Estado y ART es importante la seguridad jurídica y la equidad que brinda la utilización adecuada de un instrumento de valuación que sea común.

Si estos Cuerpos Técnicos Médicos Periciales se demoraran en ser establecidos y las pericias continuaran estableciéndose en el marco judicial tradicional, con peritos determinando daños alentados por un pago de honorarios en función de los montos de las sentencias y no utilizando o haciendo un uso inadecuado del baremo, la reforma y sus beneficios comenzarían a desdibujarse. Solo sería cuestión de tiempo.

El perjuicio de esta innecesaria demora en su constitución ya está pesando enormemente en el sistema. Estos viejos métodos, objetados y ya corregidos legislativamente por medio de la reforma, siguen impactando en los juicios pendientes de resolución que se acumularon antes de la sanción de la ley de reforma y también en los que siguen ingresando a posteriori. Esto es, gravitan fuertemente en el valor del stock y también condicionan el flujo de nuevos juicios. La distorsión más evidente se manifiesta en el alejamiento de los dictámenes de los parámetros del baremo. Esta brecha genera grandes sobrecostos, no contemplados en la prima pactada y que, por lo tanto, son imposibles de abonar.

Pero se podrían agregar otras distorsiones, como situaciones frecuentes poco claras en la designación de peritos o la imposibilidad de acercar profesionales de parte. El sistema requiere un cuerpo pericial ajustado a la norma dictada en febrero de 2017. Inobjetable por su calidad técnica e insospechable respecto de su accionar, y que de ninguna manera el pago de sus honorarios esté correlacionado con el resultado de su peritaje.

Es simple entonces comprender que la sustentabilidad del sistema está en riesgo con cada día que pasa sin que se constituyan estos cuerpos técnicos auxiliares de la justicia, ya que se continúa exacerbando el valor referido.

Hoy está en manos del Poder Judicial la tarea de cerrar de manera virtuosa este círculo, que comenzó a funcionar en febrero de 2017 con la consensuada reforma. La consolidación de los resultados de la misma y el funcionamiento del sistema dependen de no retrasar la creación de estos cuerpos.

De no ocurrir, volveríamos a caer nuevamente en un escenario de litigiosidad creciente que afectaría no solamente al sistema, sino a la economía en su conjunto. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, cámara que agrupa a las ART, ponemos el acento en la criticidad de esta cuestión.

La autora es presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo