Aborto: falacias repetidas.

Resulta alarmante que en un tema tan delicado haya quienes sigan queriendo imponer efectistas eslóganes por sobre las comprobaciones científicas.

Autor: Editorial de la Nación - 06/06/2018


Se atribuye al macabro Joseph Goebbels la expresión "miente, miente que algo quedará". A sabiendas o por ignorancia se escucha repetir falsedades en materia de aborto que pecan de claro oportunismo ante la proximidad de la votación en el Congreso, que pone en juego el derecho a la vida.

Se sostiene falazmente, por ejemplo, que el aborto en caso de violación, siempre y desde muy antiguo, había sido permitido y practicado legalmente en la Argentina. No es cierto. El único caso de aborto legalmente permitido por un embarazo causado por violación es aquel practicado por un profesional diplomado, cuando la violación recae sobre lo que el Código Penal llamaba "mujer idiota o demente", definición tan antigua como impropia al día de hoy, y en tal caso disponía que el consentimiento de la víctima de la violación fuera prestado previamente por su representante legal.

Se afirma también que el protocolo dictado como consecuencia de la "interpretación" de la Corte Suprema de Justicia en el caso "FAL", al que algunas provincias han adherido -fallo a favor de un aborto por violación en el caso de una adolescente no discapacitada-, implicaba una orden judicial que debía ser acatada por encima de cualquier decreto provincial que pudiera disponer otra cosa. Nuestro máximo tribunal solo puede pronunciarse y dictar fallos sobre casos concretos e individuales, careciendo sus sentencias del alcance general que se pretende imponer en un reiterado error. Disponer lo contrario, por vía de interpretación, "protocolo" o el eufemismo que quiera utilizarse viola el principio de separación de poderes pues, en tal caso, el Poder Judicial se estaría arrogando la facultad de dictar normas, cualquiera que sea el rango de estas, tarea reservada exclusivamente por nuestra Constitución al Poder Legislativo.

Pretender imponer términos como "interrupción de embarazo" o "aborto seguro" encierra la intención de transmitir una idea disfrazada y edulcorada respecto de un procedimiento que no es inofensivo y que es falsamente desprovisto de riesgos y de secuelas. Como si se tratase de un mero trámite, ignorando que, en la práctica, resulta todo lo contrario.

En el debate, ha cobrado fuerza el argumento de que oponerse a la despenalización del aborto está ligado a una cuestión dogmática o religiosa de cada persona exclusivamente, tanto que se la asimiló incluso al divorcio. No deja de ser otro intento de negar las múltiples evidencias científicas sobre el comienzo de la vida desde la concepción, y de reducir una práctica claramente criminal a una cuestión de fe que pierde peso para quienes no la comparten.

La despenalización del aborto no puede asimilarse a una política de salud dado que el embarazo no es una enfermedad y el aborto no es su cura. Ningún supuesto plan de higiene y salud poblacional puede habilitar a los que no son felices a eliminar a los que consideran la causa de su infelicidad.

En el camino de estas construcciones falaces, muchas de ellas malintencionadas y propias de posiciones ideologizadas, se encuentra la insostenible afirmación de que en la Argentina se practican 500.000 abortos ilegales por año, con un saldo de 100 mujeres muertas en ese lapso. La realidad y las estadísticas se dan de bruces con esta reiterada mentira; cuando la vida está en juego, incluso, resultan inmorales. Por otra parte, está comprobado que la primera causa de muerte materna no es el aborto, sino la desnutrición, junto a otras como tuberculosis y mal de Chagas, que se relacionan con la pobreza y la falta de adecuada atención sanitaria.

Con el fin de alimentar tendencias en boga para sumar adeptos, se argumenta que las muertes de mujeres en abortos clandestinos constituyen femicidios indirectos, pasando por alto que en toda práctica abortiva, clandestina o legalizada, hay una víctima indefensa: la persona por nacer. No se puede imponer un criterio sobre otro, pues nada justifica que para defender una vida haya que cercenar otra. No podemos promover el dictado de leyes para erradicar la violencia contra la mujer y, al mismo tiempo, plantear la legalización de la peor de las violencias: la muerte de un inocente. Por otra parte, en un enorme contrasentido, la iniciativa #NiUnaMenos se inició a raíz del femicidio de Chiara Páez, una joven de 14 años embarazada que, por negarse a interrumpir su embarazo, murió a manos de su novio. Luego, paradójicamente, el movimiento se enrolaría también detrás de la despenalización del aborto.

No menos tendencioso es insistir, contra las evidencias que la ciencia moderna y la tecnología confirman de manera indubitable, en que el embrión es solo una parte del cuerpo de la mujer, extirpable como una muela, y no un ser absolutamente diferente, que se gesta dentro del cuerpo al punto de tener incluso un ADN distinto. Se prefieren así los efectistas eslóganes ideológicos y políticos a las rigurosas comprobaciones científicas dada la dificultad para rebatirlas con seriedad.

Tampoco es posible que con inhumana liviandad se nieguen los traumáticos efectos físicos y sobre todo psicológicos que las prácticas abortivas tienen en las mujeres que, muchas veces forzadas por circunstancias indeseadas, han recurrido a ellas por falta de la debida contención y acompañamiento que hasta aquí como sociedad no hemos sabido brindarles de manera efectiva. ¿Por qué no aprobar una ley de asistencia a la mujer en conflicto con su embarazo?

No menos lamentable y preocupante resulta que los cinco proyectos en consideración propongan la interrupción de la gestación de bebes discapacitados o malformados, un retroceso de proporciones para una sociedad que se ufana de defender los derechos humanos y, en especial, los de los diferentes, pisoteando con esto precisamente los de los más desamparados.

Legitimar el aborto no nos hace progresistas, como muchos sostienen, sino que, por el contrario, nos hace retroceder peligrosamente como sociedad.

El doctor Jerôme Lejeune, padre de la genética moderna, se opuso al "racismo" de los sanos contra los enfermos y afirmó que "la calidad de una civilización se mide por el respeto que le profesa al más débil de sus miembros".

En los próximos días, distintos proyectos que proponen una eventual reforma a nuestras leyes civiles, que incluso contraría el texto constitucional, se tratarán en el Congreso. Es importante en estas instancias que no se pretenda seguir confundiendo o engañando a la población con informaciones inexactas y tendenciosas. Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre y de aceptar el desafío de cuidar las dos vidas, porque toda muerte es una tragedia.